ACOP respalda posible devolución del FCL por suspensión de contratos de trabajo o reducción de jornada laboral

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Ante los embates que está provocando la expansión de la epidemia de COVID-19, sobre la salud y la seguridad económica de los ciudadanos, la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, ACOP, manifiesta:

Asistimos a una crisis en los mercados financieros internacionales que ha generado volatilidades para todas las inversiones en moneda extranjera, así como en los títulos del sector público local. Todo esto ha reducido, temporalmente, el valor de las carteras en las que están invertidos los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias y, consecuentemente sus rendimientos.

Dichas minusvalías traerían como consecuencia que, si el trabajador realiza en este momento un retiro de sus recursos, o un traslado de su fondo de una operadora a otra, podría estar materializando el riesgo de pérdida, pues como hemos señalado insistentemente, las minusvalías no producen afectación en tanto no se retiren los fondos en el momento inoportuno. Responsablemente, la operadoras de pensiones así se lo han hecho saber a todos sus afiliados y han abierto canales de consulta y de trámites más expeditos para ello.

En paralelo, las operadoras realizan un monitoreo constante de la evolución de los precios de los títulos en el mercado local e internacional, por medio de sus comités de Riesgos e Inversiones con el fin de ir tomando las decisiones más adecuadas en beneficio de todos los afiliados.

Posible devolución del FCL

En el contexto de esa difícil coyuntura, han surgido varias propuestas legislativas de reforma a la Ley de Protección al Trabajador, para crear nuevas modalidades de devolución del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), entendibles en la urgencia del momento y la sana intención de paliar la crisis económica de los trabajadores.

Para ACOP es completamente viable y comprensible que se esté valorando la posibilidad de devolución del FCL a los trabajadores que vean suspendidos temporalmente sus contratos de trabajo o reducidas sus jornadas laborales, como consecuencia de esta emergencia, y ve con buenos ojos una iniciativa en ese sentido estricto, pero no la devolución total e irrestricta a todos los trabajadores, por las consecuencias negativas ya señaladas.

Para tal efecto, deben establecerse los mecanismos que garanticen una devolución ordenada de los recursos, con el fin de minimizar la afectación que puede generar la liquidación de los títulos en momentos de volatilidad de los precios, sobre los rendimientos que reciben los afiliados, el equilibrio financiero del gobierno central y la estabilidad del sistema mismo.

Igualmente, en un marco de prudencia imperiosa, al debatir dichas propuestas es insoslayable contar el criterio técnico de las autoridades competentes, como el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, para que sean sopesados los posibles beneficios actuales y también las consecuencias futuras para los asalariados.

En términos de impacto económico, aplicar la devolución total del FCL a todos los trabajadores, implicaría una erogación de recursos de ₡576 mil millones de colones -en el plazo perentorio de 15 o 60 días tal como se está planteando- con serias consecuencias no sólo para el valor de los fondos de los trabajadores, al materializar las minusvalías, sino para las finanzas del Estado, por la liquidación masiva de los títulos del sector público, en un momento en que se requiere de liquidez para atender la situación de emergencia que vivimos.

Lo anterior es así porque más del 80% de los 632 mil millones de colones de los recursos del FCL se encuentran calzados para vencer en el mes de marzo del próximo año (2021) por lo que una devolución del 100% obligaría a la liquidación anticipada en un mercado local muy afectado por la crisis generada por la pandemia del COVID-19.